EL INSOLVENTE BOCAZAS

Cuando hace ya muchos años el alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, puso en duda el nivel de nuestra justicia patria con la famosa frase "la justicia es un cachondeo", se provocó un gran escándalo político y mediático que estuvo a punto de costarle un serio disgusto al irreverente político andalucista.

En estos días hemos tenido la asombrosa noticia sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, de eximir del pago de una fianza de 6.840 euros por las injurias hacia la Corona realizadas con reiteración por parte de José Antonio Barroso por considerarlo "insolvente". Parece ser que el mediático juez no ha debido documentarse mucho sobre el primer edil puertorrealeño y ha debido dar por buena la información fiscal que le habrá facilitado Barroso e Izquierda Unida. La verdad es que si Barroso tiene engañado a miles de puertorrealeños desde hace décadas, no es difícil entender que pueda engañan a un juez que suele estar bastante ocupado y preocupado por otros asuntos más trascendentes.

Pero que se sepa, José Antonio Barroso disfruta de una nómina de más de 57.000 euros anuales como miembro del gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, portavoz del grupo de diputados de Izquierda Unida y vicepresidente de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo (PROVISA), coche oficial, dietas y kilometraje.

Quienes le conocemos, y padecemos, sabemos de su ritmo de vida y de sus autodivulgadas fanfarronadas que distan mucho del estereotipo de una persona insolvente económicamente hablando.

Los puertorrealeños estamos cansados de ver el nombre de nuestra ciudad junto a un hombre como Barroso que no es capaz de afrontar las consecuencias de sus palabras e insultos a la primera institución de la Nación.

Igualemente estamos hartos de la impunidad que parecen tener algunos políticos de izquierdas que se dedican al desprecio y al insulto permanente, para que no se le aplique la legislación vigente cuando lo normal hubiera sido que sus insultos le debería haber supuesto la inhabilitación para desempeñar algún cargo público.

Lo peor de todo esto es que con estas decisiones judiciales finalmente se va a interiorizar en la opinión ciudadana que existen dos tipos de justicia dependiendo de a quienes se les aplique.